La crisis económica está empeorando la salud de los españoles porque empeoran sus condiciones de vida y trabajo. Enmendar esta situación “no depende sólo ni fundamentalmente” de mejorar la asistencia sanitaria, con más hospitales o las últimas tecnologías, sino de que Gobierno y autonomías valoren el impacto de sus políticas sociales y laborales sobre la salud pública antes de ponerlas en marcha.
Esta es la principal conclusión del Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 2010, un análisis bianual elaborado por 56 expertos de esta entidad científica que se presentará en el Congreso de los Diputados y ha hecho público este miércoles en Madrid el presidente de SESPAS, Andreu Segura, y sus editores Juan Oliva Moreno y Vicenta Escrbà-Agüir.
Según este informe, la actual “cultura del despilfarro” que existe en los servicios sanitarios, donde se abusa del uso de nuevas tecnologías y se da prioridad al incremento del número de nuevos hospitales o centros de salud, está “pasando por alto los auténticos determinantes de la salud”, que son sobre todo las condiciones de vida y de trabajo, la educación, la vivienda y los hábitos de vida.
Para el presidente de SESPAS, en estos momentos se está produciendo “un despilfarro económico con una presión asistencial muy grande, con muchas visitas de médicos y enfermeras y con un resultado sobre los determinantes muy escaso cuando no nulo” porque, pese a estos esfuerzos, aumenta el sedentarismo, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, mientras se eleva la dependencia entre los mayores.
“La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares se enfoca como una tarea esforzada que consume muchos recursos y tiene muy poco rendimiento, porque la mayoría de la población sigue aumentando la proporción de obesidad, sobrepeso y sedentarismo y factores como la hiperensión arterial”, dice.
“Sólo en prescripción de medicamentos contra la hipertensión y el colesterol se va el 17 por ciento del coste público en farmacia, casi un cinco por ciento del gasto corriente que estamos evitando a la sanidad pública”, añade Segura, recordando que España dedica a salud pública sólo un 1,3 por ciento del gasto en sanidad, “casi tres veces menos que lo que se gasta en fármacos para la tensión y estatinas en el sistema público”.
MÁS PRECARIEDAD LABORAL, DEPRESIÓN Y SUICIDIOS
La crisis económica está “empeorando” estos indicadores de salud. Así, la reducción de las prestaciones para desempleados, el paro, la inseguridad laboral y el “resurgimiento de la economía informal” han hecho que aumenten, a corto plazo, enfermedades mentales, como la depresión o los trastornos de ansiedad. Además, dice Segura, “el aumento de suicidios es muy frecuente con las crisis”.
Asimismo, la baja proporción de PIB destinado a gasto social (21%), frente al 27 por ciento que destina el resto de Europa, y las “numerosas diferencias sociales y económicas” que sufren los habitantes en función de la comunidad autónoma donde vivan reduce, en muchos casos, “las oportunidades de tener un envejecimiento activo”. “Las políticas que disminuyan los ingresos de los mayores aumentarán su pobreza y deteriorarán su salud”, advierten en su informe.
A juicio del responsable de SESPAS, la solución a esta situación pasa por “equilibrar este esfuerzo y que se dé más atención a facilitar a las personas que puedan alimentarse adecuadamente y llevar una actividad física adecuada, que muchas veces significa poder andar”, para lo que es “determinante” que se produzca “un cambio en el entorno de las ciudades y las políticas multisectoriales”.
En concreto, para lograr el cambio, “hay que empezar por analizar la estructura, la financiación, las prestaciones, las actividades, los productos, los resultados y los costes de los dispositivos españoles en salud pública”. El objetivo es “limitar el consumo sanitario inapropiado y reducir la radicalización y la iatrogenia”, la alteración dañina del paciente por la acción del médico o de los medicamentos.
El siguiente paso será establecer un reparto de papeles en el que la Administración central debe “liderar, coordinar, facilitar y supervisar” las acciones en salud pública, mientras que las administraciones autonómicas se dedican “de proveer las prestaciones a los ciudadanos, innovar y cooperar con el Estado”.
“ESPERANZADOS” CON LA LEY DE SALUD PÚBLICA
“Todo ello requiere un marco general y criterios de funcionamiento aceptados por todos, una iniciativa que podría recuperar la futura Ley de Salud Pública”, una norma cuyo paso por el Consejo de Ministros, previsto para este viernes, se ha retrasado hasta el próximo porque “se están modificando cosas”, dice.
SESPA apoya en términos generales esta norma, con la que están “esperanzados”, pues “coinciden con el Gobierno en que la salud pública puede contribuir a la mejora de la salud de la población y a la racionalización del sistema sanitario”.
No obstante, advierten de que les preocupan aspectos fundamentales sobre la formación y el ejercicio profesional de la salud pública en España, ya que un profesional con titulación y experiencia similar a la de otros “cobra mucho menos en Salud Pública”, aproximadamente “un 20 por ciento menos”, y tiene “una capacidad de mejora menor, porque es un campo muy funcionalizado”.
